Hace 75 años se estableció la soberanía energética de México al promulgar el general Cárdenas, en la época presidente de la República, el decreto expropiatorio de los bienes de las 17 compañías extranjeras que operaban entonces en la nación, para convertirlos en propiedad de los mexicanos.
Durante el tiempo que ha transcurrido vivimos en este país al resguardo y bajo la protección de esa acción legal que transformó la naturaleza de la propiedad de los energéticos de que disponemos en nuestro subsuelo.
Mal que bien o bien que mal, gozar de esa soberanía permitió sostener en buena medida la economía nacional en todos estos años. Hasta hoy, solamente en materia presupuestal, más del 30 por ciento del egreso público, con toda su perversión, proviene de las cuentas petroleras de la nación.
Desde hace 35 años las cosas comenzaron a marchar muy mal. Empezando por los delirios de un presidente que mal administró el recurso estratégico que entonces alcanzó un máximo valor histórico en el mercado internacional por causas ciertamente ajenas a México.
A lo largo de estas décadas siguieron administraciones, unas más corruptas que otras, pero todas incapaces de conducir a buen destino la gestión de nuestro patrimonio energético. Todas ellas, sin excepción, marcadas por el estigma de la codicia y de la rapiña que prohijaron, para ser encubiertas, más codicia y más rapiña en torno y dentro de la paraestatal petrolera, que se volvió pieza central de la discordia y del apetito de los saqueadores.
En lugar de resolver los problemas centrales relacionados con el mal manejo patrimonial, con la perversión que se adueñó del sistema, y con la corrupción generalizada que todo lo invadió, a nuestros dirigentes se les ocurre en esta nueva administración que la única manera de resolver nuestros requerimientos económicos, empezando por los fiscales, es enajenar la riqueza que hasta hoy, precisamente el día de hoy, era nuestra.
Con los estados de Yucatán (qué vergüenza), Tamaulipas, Puebla y San Luis Potosí, cuyos Congresos han aprobado en las últimas horas la reforma energética, subrepticiamente, trabajando horas extras, sin que nadie los vea, se completaron diecisiete entidades federativas, que ya integran la mayoría del constituyente permanente, lo que abre la vía legal para la promulgación de las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que revierten el decreto cardenista de hace 75 años.
Consumatum est. Se acabó el sueño. La Constitución General de la República en materia de soberanía energética será desmantelada. Sólo falta la puntilla que con gran alegría dará el autor material de esta infamia, seguramente en las primeras horas de está antepenúltima semana del año de 2013.
Dicen atingentes los autores que no es privatización. Que de Pemex, ni un tornillo. ¡Y para qué lo quieren! Si con la negociación de la riqueza en el subsuelo tendrán suficiente para mal baratar, íntegro, el patrimonio que era de todos.
En lugar de recorrer la vía honesta de resolver los problemas de corrupción, de administración, de tecnología, que se fueron gestando de la mano de la ineptitud, aprovechando nuestros propias fuerzas, recursos y potencialidades, prefirieron la vía fácil, cómoda y traidora de modificar nuestra ley suprema para actuar como lo que son: mercaderes.
Y lo hacen además, sin siquiera la gracia de preparar al país para lo que se avecina. ¿Con qué estructuras, con qué instituciones, con qué fortaleza interna, con que juridicidad, se sentarán en la mesa de los tiburones internacionales a jugar un juego que ignoran y que perderán por necesidad porque carecen de los instrumentos más elementales para afrontar a los adversarios?
¡Días aciagos nos esperan a los mexicanos! Por mi parte, a mis hijos y a mis nietos les pido perdón, desde aquí y para siempre, por no haber sabido defender el patrimonio que nos legaron nuestros progenitores.
Rodolfo Menéndez.
Mérida, Yucatán, diciembre de 2013.
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